El 14 de mayo de 2009 se oficializó el acuerdo entre la Diputación y la Conselleria para destinar más de 27 millones de euros a mejorar infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales en una treintena de pequeños municipios y con un plazo de cinco años.
Entonces, la Generalitat se comprometió a aportar el 60 por ciento del dinero, unos 17 millones de euros, mientras que la Diputación daría el 40 restante, unos 11 millones.
El diputado responsable de Ciclo Hídrico, el popular Francisco Javier Pérez Trigueros, ha comentado que es "un día triste" ya que hace unos días se recibió la comunicación de la Conselleria de que habían decidido "unilateralmente" suprimir el convenio.
El popular ha enmarcado esta situación dentro de "la crisis económica que afecta los presupuestos de la Generalitat y a la Conselleria" y ha admitido que resulta "difícil de aceptar una situación como esta" porque se trata de actuaciones "muy necesarias en este momento".
Las obras se iban a realizar en pequeñas poblaciones o pedanías que "difícilmente" podrán costear este tipo de inversiones, y por ello ha asegurado que desde la Diputación no se renuncia a acometer estos trabajos con sus fondos propios ni a firmar nuevos convenios con la Conselleria, aunque sean de menor cuantía.
A este respecto, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, ha calificado este día como "de realismo" debido a la crisis actual y se ha comprometido a que los más de 11 millones de euros previstos por la Diputación sean invertidos en las obras más urgentes, mientras que para las demás "se intentará buscar otras fórmulas".
El socialista Juan Manuel Padilla ha tildado el convenio suscrito con el Consell de "gran mentira" y ha subrayado que era de gran importancia porque iba, en muchos casos, a sustituir una tecnología "obsoleta" a beneficio de la reutilización y calidad de las aguas en toda la provincia.
Ha opinado que la anulación del convenio es un "atropello" consecuencia de la "división interna del PP", la cual cree que afecta a los intereses de la provincia, como ha recordado que también sucede con la deuda de 22 millones de euros del Consell para pagar su parte del casi finalizado Auditorio Provincial.
El convenio anulado establecía que la Generalitat aportara 805.000 euros en 2010, 3,4 millones en 2011, 3,9 en 2012, 4,1 en 2013 y 4,1 en 2014.
Entre las actuaciones que estaban previstas están nuevas EDAR, una de ellas mancomunada en Sagra-Tormos, por 2,5 millones de euros, y también en Hondón de las Nieves y en Beneixama-Cañada-Campo de Mirra (2 millones, respectivamente) y la ampliación y tratamiento de regeneración en la EDAR mancomunada de Parcent, Alcalalí, Jalón y Llíber (2,1).
Asimismo, la ampliación de la de Gata de Gorgos y Benitatxell (1,8 millones de euros cada una), la de Pinoso (1,5), Almoradí (800.000) y San Fulgencio (756.000), así como un millón de euros para tratamientos terciarios en EDAR con posible afección de acuíferos, entre otras actuaciones
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